Salvaguardas para una transición climática justa

Una transición climática justa requiere que inversionistas y empresas adopten salvaguardas , principios y lineamientos de justicia socioambiental en la ejecución de proyectos económicos en regiones habitadas por poblaciones de bajos ingresos y áreas relevantes para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio del sistema climático, incluyendo territorios de pueblos indígenas y tradicionales y ocupados por pequeños productores y colonos de la reforma agraria. Este es el caso de varias zonas de la Amazonía donde opera Synergia.

Gran parte de estos principios y salvaguardas están contemplados en compromisos internacionales asumidos por Brasil, como las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Desertificación, Diversidad Biológica y Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de la ONU y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En primer lugar, es imperativo que las actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en áreas bajo la presión de la deforestación respeten el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales, como lo propugna el mecanismo de Salvaguardas de Cancún para Redd+ [1] , adoptado en la COP16, celebrada en Mexico. Como señala el documento, las empresas también deben considerar las obligaciones internacionales pertinentes, las leyes nacionales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas , aprobada en septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU.

Entre estos derechos se encuentra el que asegura la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y asociaciones de pequeños productores y colonos de la reforma agraria en las negociaciones para la aprobación de proyectos públicos y privados en sus territorios, especialmente los relacionados con infraestructura. En estas situaciones, se debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de estas comunidades, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) . Como acertadamente se señala en la Carta de Alter sobre el trámite del Convenio 169, publicada el pasado 5 de septiembre (Día de la Amazonía) por el Foro Amazonía Sostenible, “es necesario crear e implementar mecanismos para asegurar que se implementen los protocolos de consulta ya desarrollados”.

Otro tema importante de la transición climática justa es la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso al patrimonio genético o al conocimiento tradicional asociado a las comunidades indígenas y tradicionales, tal como lo establece la Ley de Biodiversidad (Ley Federal No. en la legislación brasileña las directrices de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) , adoptado en Rio-92.

Finalmente, existen una serie de acciones, lineamientos y salvaguardias relacionadas con el concepto de “ licencia social para operar ” en territorios poblados por comunidades indígenas, tradicionales y las conformadas por pequeños productores y colonos de la reforma agraria. Básicamente, esta expresión se refiere a la necesidad de aprobación por parte de la comunidad del desarrollo que se instalará en su territorio, incluso si la empresa responsable del proyecto ya obtuvo la licencia ambiental para su trabajo. La “licencia social para operar” no está prevista en la legislación brasileña, pero viene ganando atenciónde las empresas, ya que los proyectos con un alto nivel de seguridad socioambiental y aceptación de la comunidad tienden a reducir los riesgos financieros, legales y reputacionales para los inversionistas.

Dicha seguridad también puede verse favorecida mediante el fortalecimiento del pilar preventivo en acciones de prevención, mitigación, reparación y compensación de impactos socioambientales potencialmente adversos de actividades económicas instaladas o por instalarse en territorios de pueblos indígenas y tradicionales que habitan áreas de interés para la conservación. y el sistema climático. Los costos sociales y financieros de los proyectos pueden reducirse significativamente con la adopción de medidas preventivas, como la estructuración de una red de educación y salud y la formación de mano de obra local adecuada a las actividades de la futura empresa, reduciendo la demanda de trabajadores. de regiones lejanas.

En alianza con Climatempo, el Instituto Ethos lanzó en la COP27 el Protocolo de Acción Empresarial sobre Extremos Climáticos y Justicia Socioambiental , formulado a partir de discusiones en sus grupos de trabajo sobre medio ambiente y derechos humanos, que cuentan con la participación de Synergia. Es una herramienta estratégica para articular las agendas de derechos humanos y medio ambiente para incentivar a las empresas a transversalizar “temas y enfoques, además de invertir en prácticas de prevención, mitigación, reparación y rendición de cuentas, contribuyendo a una sociedad más justa, sostenible y respetuosa”.

El protocolo señala que “las empresas con buenos niveles de integración estratégica [entre las agendas de derechos humanos y medio ambiente] podrán ofrecer una mayor transparencia a los inversionistas, tanto respecto de los riesgos y oportunidades en su sector, como ofrecer mejores formas de evaluar el compromiso empresarial y la perpetuidad de las acciones responsables”.

El documento será de gran utilidad para las empresas interesadas en avanzar en las agendas de derechos humanos y justicia socioambiental y climática , dos temas que aún tienden a causar vergüenza reputacional y generar inseguridad entre los inversionistas.

Texto elaborado por Maria Albuquerque, fundadora y directora ejecutiva de Synergia Socioambiental, y José Alberto Gonçalves Pereira, consultor de sustentabilidad

[1] Redd+ deriva del acrónimo del mecanismo Redd (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal). El signo positivo suma al alcance inicial de Redd el rol de conservar e incrementar las reservas de carbono forestal y la gestión sostenible de los bosques. El Marco de Varsovia para Redd+, adoptado en la COP19 en 2013, proporciona incentivos financieros para los países que aumentan sus reservas de carbono forestal a través del mecanismo.