Publicado en: 23/04/2021
El 24 de marzo de 2021, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de 71 millones de reales para el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Según el comunicado oficial del organismo, el recorte de recursos previsto en el presupuesto hará inviable el Censo, que está previsto en la ley. Esto demuestra que la inversión en información no es una prioridad del actual Gobierno.
El costo inicial de la encuesta era de 3.400 millones de reales, pero el instituto ya había recibido presiones para reducir el presupuesto a casi 2.000 millones de reales tras reducir el cuestionario y eliminar las preguntas sobre migración, propiedad de bienes e ingresos. El nuevo recorte sufrido fue de 1.760 millones de reales y equivale a cerca del 96% del presupuesto anterior, lo que llevó a Suzana Guerra a pedir su dimisión como presidenta del IBGE.
Antes del IBGE, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), también, fue cuestionado por el Gobierno Federal por la divulgación de datos sobre el aumento de la deforestación en la Amazonia en julio de 2019. La disputa por el control llevó a la exoneración de Ricardo Galvão de su cargo de director del INPE. Desde entonces, algunas informaciones han dejado de actualizarse, como el Sistema de Información Ambiental Integrado (SISAM), una herramienta de análisis de datos meteorológicos, de concentración de contaminantes y de seguimiento de incendios.
La falta de transparencia de la información no es solo un riesgo, sino una política gubernamental que favorece la desinformación.
No es la primera vez que el censo demográfico (la única encuesta del IBGE sobre todos los hogares de Brasil) se ve amenazado. Entre 1872 y 2010, se realizaron 12 censos, ocho de los cuales fueron organizados por el IBGE. En tres ocasiones se pospuso el levantamiento: en 1930, a causa de la Revolución. En 1990, durante el Gobierno de Collor, cuando hubo dificultades para contratar temporalmente a profesionales. Y, finalmente, en 2020, debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Es importante señalar que la periodicidad de diez años se establece en la Ley n.º 8184 del 10 de mayo de 1991.
Si no se realiza el Censo de 2021, entraremos en una profunda ignorancia sobre nuestro país. Brasil experimentará un apagón estadístico, al igual que otros países como Haití, Afganistán, Congo, Libia, que llevan más de once años sin información adecuada para construir y evaluar las políticas económicas y sociales. Para llevar a cabo una política pública eficaz, es necesario conocer muy bien las características de la población.
Y, en este punto, ya faltan datos precisos.
Hoy en día no está claro, por ejemplo, el volumen de la población en cada grupo de edad. La ausencia de esta información compromete el propio plan de vacunación en la lucha contra la pandemia, ya que no es posible saber si las campañas están alcanzando sus objetivos del 100% de la población en cada grupo de edad. Además, la distribución de la población por sexo y edad es fundamental para determinar las demandas de educación, sanidad, asistencia social, vivienda, etc. Los jóvenes y los adultos demandan escuelas, puestos de trabajo y atención sanitaria materno-infantil. Las necesidades básicas de las personas mayores son la atención sanitaria, la seguridad social y la protección social.
La demanda de información es enorme. El panorama de las condiciones de las infraestructuras domésticas está desfasado desde hace más de diez años. No sabemos quién ha emigrado en la última década. ¿Las zonas urbanas han concentrado aún más el número de habitantes? ¿Los/as brasileños/as tienen más ingresos? ¿Cuál es la tasa de ocupación en los sectores formal e informal de la economía? Estos datos son necesarios para la elaboración de planes de desarrollo local, instrumentos de planificación urbana (planes directores, leyes de zonificación, incentivos fiscales, etc.), políticas de empleo, programas de transferencia de ingresos como Bolsa Família, entre otras actividades de lucha contra la pobreza.
Por no hablar de las implicaciones directas con las transferencias de recursos públicos que se calibran en función del tamaño de la población. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de Participación Municipal (FPM), del Fondo de Educación Básica (FUNDEB), entre otras transferencias del Estado Federal a los estados y municipios. La ausencia de nuevos parámetros de recuento compromete cada vez más la calidad de las proyecciones de población de los estados y de las estimaciones de población de los municipios, lo que acaba generando demandas de recuento y la necesidad de aclaraciones técnicas por parte del IBGE.
La red cartográfica para el Censo de 2021 ya ha sido actualizada y puesta a disposición en el sitio web. Se presentaron algunas innovaciones para afrontar el momento de crisis sanitaria como, por ejemplo, la adopción de un modelo mixto para llevar a cabo la investigación. Se considerarán las modalidades de censos presenciales mediante dispositivos móviles de recopilación, entrevistas telefónicas y autocumplimentación del cuestionario en Internet, que se utilizarán en los casos de hogares resistentes a las entrevistas. Además, el uso intensivo de la tecnología permitirá el seguimiento y la supervisión de la cobertura en tiempo real. La experiencia del IBGE es tan grande como su excelencia técnica. El Instituto tiene una enorme capilaridad, ya que cuenta con unidades de investigación y agentes en cada municipio.
El censo de 2021 ya está listo y no puede faltar. Un apagón estadístico en la próxima década pondrá en riesgo la información sustentada por la Ciencia, necesaria para iluminar los caminos del país, ya de por sí llenos de obstáculos a enfrentar en los próximos años.
Texto elaborado por Vinicius Corrêa[1]– Director de Estudios e Investigación
[1] Mi primer trabajo formal fue como censista del IBGE. Hoy en día, en Synergia, trabajo como Gerente de Estudios e Investigación, donde pude poner en práctica toda la experiencia que adquirí en el IBGE y en mi formación como demógrafo. Escrito por Vinicius Corrêa – Director de Estudios e Investigación
